Comparativa del daño real y daño potencial como base para la toma de decisiones ambientales. Caso Imaza y Morona, Amazonas y Loreto - Perú

Abstract

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional tiene como objetivo comparar la metodología de cálculo de multas que impone el OEFA basado en el Daño Real, aplicada por la primera instancia frente a la multa basada en el Daño Potencial, aplicada por la segunda instancia, en el contexto de los derrames de petróleo ocurridos en Imaza y Morona (2016), tramitados en el Expediente N° 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS. La metodología empleada fue de tipo aplicada, descriptiva-explicativa y diseño de estudio de caso retrospectivo. Se analizó la técnica de transferencia de beneficios utilizada inicialmente para valorar la pérdida de servicios ecosistémicos, la cual fue cuestionada por falta de evidencia primaria. Los resultados mostraron que el cambio de criterio hacia el Daño Potencial redujo el monto total de la multa en un 41,42% (de 20 780,53 UIT a 12 172,80 UIT), pero incrementó significativamente la seguridad jurídica del acto administrativo al eliminar componentes subjetivos. Se concluye que, en escenarios de asimetría de información y conflictos sociales que impiden el levantamiento de data in situ, la valoración por riesgo (daño potencial) resulta más idónea para garantizar el principio de autoridad y la punibilidad de la infracción.

This Professional Competency Project aims to compare the methodology for calculating fines imposed by the OEFA (Environmental Assessment and Enforcement Agency) based on Actual Damage, applied by the first instance, with the methodology based on Potential Damage, applied by the second instance, in the context of the oil spills that occurred in Imaza and Morona (2016), processed under File No. 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS. The methodology employed was applied, descriptive-explanatory, and a retrospective case study design. The benefit transfer technique initially used to assess the loss of ecosystem services was analyzed, as it had been questioned due to a lack of primary evidence. The results showed that the shift to a Potential Damage approach reduced the total fine amount by 41,42% (from 20 780,53 Tax Units to 12 172,80 Tax Units), but significantly increased the legal certainty of the administrative act by eliminating subjective components. It is concluded that, in scenarios of information asymmetry and social conflicts that prevent on-site data collection, risk-based valuation (potential damage) is more suitable for guaranteeing the principle of authority and the punishability of the infraction.